Los ujieres del Congreso de los Diputados están hechos de otra pasta. Durante décadas han visto de todo en la sede de la soberanía popular y son capaces de empatizar con sus señorías, que son de su padre y de su madre. Estoy casi seguro de que son los funcionarios públicos más tolerantes de la Administración. Ayer jueves tuvieron una sobremesa entretenida. Por la entrada de la calle Cedaceros de Madrid los ujieres vieron pasar a un experto en políticas de drogas que asesoró a Barack Obama, un padre trajeado que tiene una hija que sufre epilepsia y a la que trata con un principio activo del cannabis, una jubilada que cultiva marihuana en su casa desde hace más de treinta años, un prestigioso bioquímico madrileño conocido en todo el planeta por sus investigaciones sobre el potencial terapéutico de la planta y sus derivados, una chica con un insoportable dolor neuropático, con más de diez operaciones quirúrgicas en su espalda, que solo logra calmar su sufrimiento con marihuana pulverizada, un rasta que participa en un club cannábico, una ex responsable de la lucha contra la droga que defiende la legalización de todos los estupefacientes, un economista que estudia los impuestos que recaudaría el Estado si se regulase la maría… Y también había fumetas, claro.
Lo importante es que ayer un grupo de partidos políticos con representación parlamentaria (67 diputados entre Podemos, Izquierda Unida, Equo, En Marea y En Comú Podem) convocó en la alta institución –aunque lo llamen Cámara Baja– a representantes de muchos españoles para hablar de la regulación de la marihuana. A Pablo Casado le parecerá que es un tema menor, como la eutanasia, pero tiene que saber que en el último mes 2.242.669 personas han consumido cannabis en nuestro país, según los últimos datos de la Encuesta EDADES, promovida por el Plan Nacional sobre Drogas. Y que de ellas, unas 120.000 la usan para calmar algún dolor, para sobrellevar mejor una enfermedad. Vamos, que no está mal que de vez en cuando el Parlamento se preocupe por los problemas de una parte tan significativa de la población. Ha dado la casualidad de que esta misma semana el gobierno canadiense se ha convertido en el primero de un país del G-7 que legaliza el cannabis recreativo y medicinal, uniéndose así a Uruguay y a nueve estados de USA, sin contar con otros treinta que han regulado la marihuana terapéútica, lo mismo que ocurre en Chile, Colombia o Israel.
Pablo Iglesias quiso dar un toque solemne al Foro ‘Hacía la regulación integral del cannabis’ participando en la presentación del acto, apostando por la legalización –es el primer líder político con amplia presencia en el hemiciclo que se posiciona así– y diciendo algo que hoy parece una obviedad: «El debate ya no es sobre si el cannabis se tiene que regularizar, el debate es quién regula primero, quién será el siguiente en hacerlo. Y a España le conviene ser el primero. Y también el debate es sobre a quién le va a beneficiar la regulación, ¿a una multinacional o al sector público y la ciudadanía?”. Esta es la cuestión. En la sala Ernest Lluch del Congreso se escucharon públicamente todo tipo de propuestas y reflexiones pero en privado la cosa cambiaba. Este es el escenario mundial: América ha tomado la delantera, sobre todo EEUU y Canadá; Europa será el siguiente continente de regulación pero aún no se sabe quién romperá el hielo y cómo; y Asía ha recuperado la guerra contra las drogas –solo hay que ver lo que ocurre en Filipinas con la cruzada iniciada por el presidente Rodrigo Duterte–, esa batalla que se ha demostrado ineficaz para luchar contra el poder del crimen organizado. Muchos están de acuerdo en que España debería dar el paso más pronto que tarde. En este país el consumo de cannabis está normalizado, hay una mayoría, según todas las encuestas, partidaria de su regulación, España es puerta de entrada de importantes cantidades de hachís procedentes de Marruecos, los narcos se están haciendo fuertes en el campo de Gibraltar, España es pionera en políticas de reducción de daños y en un modelo de clubes cannábicos en el que se están fijando otros países. ¿Por qué entonces no se abre de verdad el debate de la regulación? Los malpensados sostienen que la regulación en Europa no la van a decidir los gobiernos, van a ser instancias superiores y hablan de la gran industria agroquímica y farmacéutica. El pastel de la marihuana es tan goloso económicamente que muchos están de subidón y quieren tenerlo todo agarrado viendo los beneficios que está produciendo en EEUU. Un ejemplo, el multimillonario Juan Abelló consiguió en 2016 una licencia de la Agencia Española del Medicamento para cultivar y comercializar cannabis medicinal a través de la sociedad Alcaliber, que es la dueña del monopolio del opio en España. Abelló se ha unido al fondo de inversión británico GHO y han montado Linneo Health SL para explotar este mercado.
Entre las intervenciones más interesantes del Foro destacó la de Iván Ayala, doctor en Economía por la UCM y responsable de un estudio encargado por Podemos sobre el impacto económico que tendría la regulación del cannabis en nuestro país. Ayala parte del escenario hipotético de que no habrá monopolio, de que se concederán licencias (tanto de cultivo outdoor como indoor) y se promoverá el modelo de club y el cooperativismo, que ayudará a recuperar la economía rural en zonas hoy vacías o deprimidas. Ayala estableció un impuesto del 51 por ciento, el mismo que paga el consumidor de cigarrillos. Si el precio del gramo de cannabis se sitúa en 10€, el Estado podría recaudar 1.238 millones de euros al año, sin contar los más de 240 millones pertenecientes a los ingresos por el turismo que vendría aquí a consumir marihuana ni las exportaciones, ingresos por licencias y cannabis medicinal. Hablamos de mucho dinero.
En esta línea tenemos el análisis realizado por David Pere Martínez Oró, doctor en Psicología Social y coordinador de la Unidad de Políticas de Drogas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Publicado recientemente en la revista Cáñamo, el investigador ha calculado que con la regulación del cannabis el Estado ingresaría 3.312 millones de euros anuales en concepto de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Martínez Oró no cree que España pueda crear una empresa pública que produzca, controle y comercialice el cannabis porque chocaría frontalmente con las directrices europeas antimonopolio y en favor de la competencia. «Sin salir de la Unión Europea, cabe la posibilidad de fundar una compañía pública que compita con el sector privado en un mercado liberalizado», pero el propio autor ve dificultades para que esa competencia sea eficaz en un mercado desregularizado. Así que apostaría por acceder a la marihuana mediante el autocultivo, los clubes sociales y la venta en cañamerías privadas «con la estricta supervisión de la Agencia Española del Cannabis (por ponerle un nombre). El Estado no obtendría beneficios por la venta de cannabis pero sí recaudaría una suma realmente interesante gracias a los impuestos y cotizaciones», asegura el estudio.
Veamos sus datos. Martínez Oró establece que un 15 por ciento de los consumidores seguirá abasteciéndose de hachís marroquí importado a través de circuitos ilegales, por lo que no pagarán impuestos. Según las encuestas y el Instituto Nacional de Estadística, más de 675.000 personas fumaron cannabis alguna vez en el último año y más de 2.240.000 lo hicieron en algún momento del último mes. En su hipótesis establece promedios de consumo diarios dependiendo de los tipos de consumo para concluir que España necesitaría una producción de 820.597 kilos de cannabis al año para satisfacer la demanda. Si con la regulación integral se redujese a cero el 15 por ciento que se compra en el mercado negro, esa demanda anual subiría a los 943.686 kilos. Hay que añadir la demanda de los turistas y de los estudiantes extranjeros no residentes, unos mil kilos más. El 30 por ciento de esta demanda estaría satisfecha a través de los clubs sociales (sin componente comercial pero que sí tributarían sus trabajadores) y del autocultivo (libre de impuestos), comenta el autor. En total, más de 600.000 kilos de marihuana estarían sujetos a impuestos indirectos porque se venderían en dispensarios especiales, en lo que él llama cañamerías. Ahora hay que establecer precios y márgenes por gramo. El experto explica que el productor vendería a 2€ el gramo, el procesador a 4€ y el distribuidor final a 8€, un poco mas barato que el cálculo hecho por Iván Ayala, el asesor de Podemos. Con ese precio, el volumen de negocio alcanzaría los 8.514 millones de euros al año.
En relación con los impuestos indirectos, el cannabis pagaría el 21 por ciento de IVA, con lo que el Estado ingresaría 1.021,9 millones. Habría que saber si se aplicarían impuestos especiales en función de la psicoactividad (como se hace con el alcohol) o de la presentación (como se hace con el tabaco). En el caso de los cigarrillos, el consumidor paga el 51 por ciento sobre el precio final en concepto de impuesto especial ad valorem. David Pere augura que no es buena idea que se apliquen al cannabis los mismos impuestos especiales que al tabaco porque el precio del gramo subiría hasta los 15 euros, el doble o el triple que en el circuito ilegal, lo que provocaría que mucha gente se saliese de la legalidad. Si estos impuestos especiales fuesen del 10 por ciento, a lo recaudado por el IVA habría que añadir otros 486,6 millones.
Respecto al impuesto de sociedades y vaticinando que el 50 por ciento del negocio lo generarán empresas, el 20 por ciento emprendedores y el 30 por ciento restante las cooperativas, las arcas del Estado ingresarían otros 370,1 millones. «Un detalle a modo de alerta: esperemos que la ley que regule el cannabis impida a las sociedades de inversión implicarse en el mercado del cannabis, porque solo pagan el 1 por ciento del impuesto de sociedades», explica Martínez Oró. En cuanto a las cotizaciones a la Seguridad Social, el psicólogo social calcula que en los sectores de producción, procesamiento y venta de cannabis trabajarían 91.658 personas, más de 53.000 en régimen general y más de 38.000 en régimen autónomo. Estimando retribuciones generosas, que el autor fija en 2.600 euros mensuales con pagas prorrateadas asalariados y autónomos, el Estado podría reunir 1.235 millones por IRPF y cotizaciones. «Aunque los sueldos y cotizaciones pueden resultar generosas en un mercado tan precario como el español, creemos que la legalización también representa una herramienta política para combatir esta precariedad y por eso asignamos un sueldo digno», comenta David Pere.
Todas estas cuentas están basadas en un modelo de regulación donde hay tres protagonistas de acceso al cannabis: el autocultivo, los clubs sociales y los dispensarios privados. Todo cambiaría si de repente es una multinacional extranjera la que sirve en exclusiva la mercancía o una empresa estatal la que gestiona todo el cultivo y distribución.
Con el modelo definido en la investigación de Martínez Oró y añadiendo las aportaciones de los trabajadores de los clubes sociales y los impuestos por directos por exportaciones, el Estado ingresaría 3.312 millones, monto con lo que se podría hacer frente a tres cuartas partes del coste de la sanidad.
Como admitieron ayer durante el Foro organizado por Podemos, los consumidores, los pacientes, el mundo académico y una mayoría de la población están de acuerdo en que hay que dar pasos hacia una regulación porque la prohibición se ha demostrado una vía fallida.
RESPONSABLE LA EMPRESA ANUNCIADORA 